Está previsto que hoy haya un importante avance en la causa penal por la usurpación de las tierras del “Loteo Gaucho Castro”. El juez Mario Velázquez resolverá si hace lugar o no a la imputación de cargos que realizó el viernes el Ministerio Público Fiscal (MPF) en contra de los siete sospechosos de haber generado un emprendimiento inmobiliario utilizando las tierras que pertenecen al Superior Gobierno de la Provincia, ubicadas en la zona del perilago de La Angostura, en El Mollar.

Por otro lado se definirá si el legajo abierto en el fuero penal queda paralizado hasta que se resuelvan los tres casos en curso en la Justicia Civil, si los involucrados son sometidos a medidas de coerción de menor intensidad y si se prorrogará por seis meses más la medida de restitución provisoria del inmueble concedida en enero al Gobierno de Tucumán.

La causa se inició a inicios de 2025, luego de que la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, denunciara que había personas detrás de un emprendimiento inmobiliario que involucraba a las tierras de la Reserva Natural La Angostura, las cuales además de encontrarse en un área protegida tenían una medida de no innovar. En primera instancia la investigación fue dirigida por la fiscal Mónica García de Targa, del Centro Judicial Monteros, pero luego de la feria el expediente pasó a manos del fiscal Miguel Varela, del Centro Judicial Concepción.

Después de más de siete meses de estudiar el caso y de llevar a cabo múltiples medidas y allanamientos, los investigadores señalaron a siete personas, entre ellos Jorge Cruz, el ex comisionado rural de El Mollar que fue suspendido de su cargo en febrero. Finalmente el viernes las auxiliares fiscales Gabriela Girardi y Luciana Ceccotti oficializaron los cargos en contra de Juan Pablo Castro (supuesto titular del emprendimiento), Rafael Trujillo (empleado de la ex subsecretaría de Dominio Territorial y Hábitat), Maximiliano Barreiro (empleado de la misma repartición), Fernando Rogel Chaler (el ex titular de Dominio Territorial), Yanina Mamaní (nuera de Trujillo), Damián Romano (nieto político de Castro) y Cruz.

Hipótesis

Para la Fiscalía los siete imputados, junto a personas aún no identificadas, se habrían asociado ilícitamente para desarrollar el emprendimiento urbanístico llamado “Loteo Gaucho Castro”, con el cual comercializaron los terrenos, a pesar de que todos sabían que eran propiedad del Estado. Por esto los imputaron como coautores de los delitos de estafa y asociación ilícita.

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Toda la trama empieza con Castro. Siguiendo la acusación oficial, el hombre, en compañía de Romano, desapoderó al Estado de un terreno del dominio público afectando al área natural protegida. Posteriormente se asoció con los empleados de la ex subsecretaría de regulación dominial y hábitat, Trujillo y Barreiro -quienes se desempeñaban en el área administrativa y en la confección de planos-, y con su director, Rogel Chaler. Fue así que entre 2020 y 2025, “con la ayuda del comisionado Cruz”, se habrían falsificado documentos, se habrían loteado las tierras, trazado calles, enripiado, y gestionado la instalación de red de agua y de luz, a los fines de ofrecer las parcelas y beneficiarse económicamente.

Los encargados de las ventas habrían sido Yanina Mamaní y Damián Romano, quienes contactaban a los compradores interesados, los engañaban diciéndoles que el dueño de las tierras era Castro, les mostraban los lotes y luego celebraban las transacciones en una escribanía. Todo esto “sin avisarle a las víctimas que carecían de la titularidad dominial del terreno vendido, ya que el mismo era de titularidad del Estado. Como consecuencia los damnificados se vieron imposibilitados de inscribir el inmueble como titular registrado a su nombre y tampoco pudieron recuperar el dinero pagado”.

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Hasta el momento la Unidad Fiscal identificó cuatro casos de estafa. El primero fue el 4 de marzo de 2022. “Trujillo, Barreiro y Mamaní realizaron ante una escribana la operación de venta de un lote con F.M.M., quien en buena fe les entregó $200.000, dinero que no pudo recuperar hasta la fecha”. El segundo fue el 11 de enero de 2024. Utilizando el mismo mecanismo, Castro le vendió a J.A.C. un lote por $1 millón. El 23 de enero de 2024 Trujillo, Barreiro y Mamaní comercializaron un lote a A.T.C., por la suma de $4 millones; y el 6 de agosto de 2024 Castro negoció otra parcela a cambio de $5 millones.

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Debido a los roles que cumplió cada miembro de la banda, Girardi y Ceccotti además de la coautoría de los delitos de estafa y asociación ilícita, les endilgaron diferentes calificaciones legales a cada uno de ellos. A Castro, lo imputaron por usurpación. A Trujillo, Barreiro y Cruz los acusaron por negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de un funcionario público en calidad de coautores. A Chaler por incumplimiento de los deberes de un funcionario público y falsedad ideológica. (Cada acusación se informa por separado).

Evidencias

Luego de informar la hipótesis del caso, las auxiliares expusieron un largo listado de las evidencias recolectadas con colaboración de la Fiscalía de Estado, representada por el abogado José María Molina. Entre las más relevantes mencionaron un informe remitido por EDET, en el cual consta que Cruz en julio de 2021 le solicitó a la empresa la factibilidad para el suministro eléctrico de 65 lotes de Gaucho Castro. Posteriormente, en septiembre de 2023, habría pedido que se revalide la presentación, al cual EDET no hizo lugar porque no cumplían los requisitos establecidos.

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Presentaron un informe con imágenes satelitales del loteo desde el año 2002 hasta 2024 emitido por Catastro. En el mismo se observa que en 2020 apareció la primera construcción en el loteo, en 2023 había tres y en 2024 las restantes. Dijeron que existen constancias para escrituración que fueron emitidas por la subsecretaría de Regulación Dominial y Hábitat entre 2021 y 2023 que están firmadas por Rogel Chaler, que certifican que Castro es el poseedor actual y que está tramitando la escrituración. También citaron múltiples informes realizados por la División de Flora y Fauna, por ingenieros agrimensores en los cuales se advierten irregularidades y construcciones no autorizadas en el terreno en disputa, y mencionaron los boletos de compraventa secuestrados al allanar el domicilio de Castro.

Oposiciones y descargos

Los únicos acusados que prefirieron usar su derecho a declarar fueron Castro y Rogel Chaler, quienes negaron las acusaciones del MPF. “Quiero dejar en claro que no formo parte de ninguna organización delictiva; de hecho no tengo relación con los otros imputados”, dijo Cruz. “La comuna dio la factibilidad para el agua, dado que es un elemento vital básico y había personas viviendo ahí. Solamente fue hasta el ingreso, sobre la calle pública; dentro del loteo ya se encargó la gente misma de ahí de hacer la conexión del agua. Los terrenos comprados por mi esposa se hicieron en base a los planos de mensura firmados y aprobados por Catastro, los cuales estaban autorizados. Tampoco tuve trato con los compradores, solamente tuve una reunión donde me acercaron documentación referida al loteo aprobada con Catastro”, agregó tras ser respaldado por su abogado Ernesto Baaclini.

“No he cometido ninguna estafa ni ningún tipo de delito. Castro sólo tenía un trámite en mi oficina. Ese trámite termina cuando se da la escritura, la cual tiene un montón de pasos: un dictamen jurídico, un dictamen técnico, un plano que lo prueba Catastro y recién va a una resolución. Si no hubiera habido un plano de Catastro no habría existido ningún ‘Loteo Gaucho Castro’; llama la atención que no haya nadie de esa dirección sentado acá”, apuntó Rogel Chaler, que es representado por Florencia Abdala y Camilo Atim.

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“Acá no hay una usurpación. Mi cliente hace más de 60 años que está ahí. Todos conocen a Castro; él estuvo ahí desde siempre. ¿Cómo podía saber que al Gobierno se le ocurriría extender el área protegida? Hay un sistema que tiene Catastro donde indicaba cuál era el área reservada y no comprendía el terreno de Castro. Además, ¿cómo una persona de 84 años que apenas sabe leer y escribir podría planear todo esto?”, dijo Silvia Furque, quien defiende a Castro y a Romano junto con Gerónimo Martínez Molina.

Los defensores Candela Álamo (Barreiro) y Sebastián Herrera Prieto (Trujillo y Mamaní) coincidieron con Abdala, Atim, Baaclini y Furque, y se opusieron a la acusación del MPF. No así a las medidas de coerción de menor intensidad que solicitaron las auxiliares, pese a no estar de acuerdo con la situación.

El juez Velázquez dispuso un cuarto intermedio hasta hoy al mediodía. Primero resolverá la cuestión de prejudicialidad planteada por Herrera Prieto (solicitó que el legajo penal quede en suspenso hasta que se resuelva la causa civil). Luego dará a conocer si hará lugar a las imputaciones, a las medidas cautelares y al pedido de extender por seis meses la restitución provisoria del inmueble al Gobierno.